Nuestro vídeo, Ley orgánica del deporte, actividad física y educación fisica
Bachilleres: Francielys, Angie y génesis
Am-802

Carlos Narvaez, Abad Diaz y Erickson Castellanos

El carácter de una persona, de un sujeto social de derechos, hace que la niñez y la adolescencia tengan, como todo ser humano, comportamientos, actitudes e ideas positivas y otras inadecuadas. Existen circunstancias donde tendrán la razón; otras donde estarán equivocados; otras donde tengamos puntos de vista diferentes y otras donde deben ser orientados, tomando en cuenta su edad y etapa de desarrollo.

La LOPNA considera a los niños, niñas y adolescentes como personas, no como objetos, les permite opinar y participar en diferentes actividades de su interés, es decir, elimínale concepto de niño tutelado y les reconoce a todos los niños su condición de sujetos plenos de derechos con deberes y obligaciones, habilitados para demandar, actuar y propone. Se les considera personas con derechos y responsabilidades correspondientes a su edad y capacidad, bien sea con sus padres, en el hogar, en la escuela y con la sociedad en general.

Otros aspectos que contempla la LOPNA

Autorización para viajar dentro del país

Cuando el niño o adolescente viaja solo o acompañado de terceras personas en el país, la autorización de los padres o representantes legales es expedida por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, por una jefatura Civil o documento autenticado (Art. 391). Como los Consejos de Protección no están constituidos, en sustitución actúan los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente.

Autorización para viajar fuera del país:

Cuando el niño o adolescente viaja fuera del país en compañía de uno de los padres requiere la autorización del otro a través de documento autenticado. Si viaja solo o con terceras personas requiere de la autorización de ambos padres o del representante legal expedido en documento autenticado o por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente. Como estos órganos del sistema no están constituidos en el país, la autorización la emite un Tribunal de Protección (Art. 392).

Ley Del Estatuto De La Función Pública

Gaceta Oficial No. 37.522 de fecha 06 de septiembre de 2002

TÍTULO III

FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICOS

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 16. Toda persona podrá optar a un cargo en la Administración Pública, sin más limitaciones que las establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

Artículo 17. Para ejercer un cargo de los regulados por esta Ley, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Ser venezolano o venezolana.

2. Ser mayor de dieciocho años de edad.

3. Tener título de educación media diversificada.

4. No estar sujeto o sujeta a interdicción civil o inhabilitación política.

5. No gozar de jubilación o pensión otorgada por algún organismo del Estado, salvo para ejercer cargos de alto nivel, caso en el cual deberán suspender dicha jubilación o pensión. Se exceptúan de éste requisito la jubilación o pensión proveniente del desempeño de cargos compatibles.

6. Reunir los requisitos correspondientes al cargo.

7. Cumplir con los procedimientos de ingreso establecidos en esta Ley y su Reglamento, si fuere el caso.

8. Presentar declaración jurada de bienes.

9. Los demás requisitos establecidos en las leyes.

Artículo 18. Los funcionarios o funcionarias públicos, antes de tomar posesión de sus cargos, deberán prestar juramento de cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes al cargo.

Capítulo II

De los Derechos de los Funcionarios o Funcionarias Públicos

Artículo 22. Todo funcionario o funcionaria público tendrá derecho, al incorporarse al cargo, a ser informado por su superior inmediato acerca de los fines, organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le incumben.

Artículo 23. Los funcionarios o funcionarias públicos tendrán derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al cargo que desempeñen, de conformidad con lo establecido en esta Ley y sus reglamentos.

Artículo 24. Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública tendrán derecho a disfrutar de una vacación anual de quince días hábiles durante el primer quinquenio de servicios; de dieciocho días hábiles durante el segundo quinquenio; de veintiún días hábiles durante el tercer quinquenio y de veinticinco días hábiles a partir del decimosexto año de servicio. Asimismo, de una bonificación anual de cuarenta días de sueldo.

Capítulo III

De los Derechos de los Funcionarios o Funcionarias Públicos

Artículo 22. Todo funcionario o funcionaria público tendrá derecho, al incorporarse al cargo, a ser informado por su superior inmediato acerca de los fines, organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le incumben.

Artículo 23. Los funcionarios o funcionarias públicos tendrán derecho a percibir las remuneraciones correspondientes al cargo que desempeñen, de conformidad con lo establecido en esta Ley y sus reglamentos.

Artículo 24. Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública tendrán derecho a disfrutar de una vacación anual de quince días hábiles durante el primer quinquenio de servicios; de dieciocho días hábiles durante el segundo quinquenio; de veintiún días hábiles durante el tercer quinquenio y de veinticinco días hábiles a partir del decimosexto año de servicio. Asimismo, de una bonificación anual de cuarenta días de sueldo.

Capítulo IV

Deberes y Prohibiciones de los Funcionarios o Funcionarias Públicos

Artículo 33. Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los funcionarios o funcionarias públicos estarán obligados a:

1. Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida.

2. Acatar las órdenes e instrucciones emanadas de los superiores jerárquicos.

3. Cumplir con el horario de trabajo establecido.

4. Prestar la información necesaria a los particulares en los asuntos y expedientes en que éstos tengan algún interés legítimo.

5. Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en sus relaciones con sus superiores, subordinados y con el público toda la consideración y cortesía debidas.

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

No. 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010

TÍTULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular las funciones de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal y la participación de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de la función contralora.

Artículo 2. La Contraloría General de la República, en los términos de la Constitución de la República y de esta Ley, es un órgano del Poder Ciudadano, al que corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como de las operaciones relativas a los mismos, cuyas actuaciones se orientarán a la realización de auditorías, inspecciones y cualquier tipo de revisiones fiscales en los organismos y entidades sujetos a su control.

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras

EXPOSICION DE MOTIVOS

El derecho laboral venezolano, tal y como se le conoce contemporáneamente, nace a partir de la promulgación de la primera Ley del Trabajo del 23 de julio de 1928, que permitió superar las disposiciones del Código Civil sobre arrendamiento de servicios que regía las relaciones laborales, y se afianza con la promulgación de la Ley del Trabajo del 16 de julio de 1936, que estableció un conjunto sustantivo de normas para regular los derechos y obligaciones derivados del hecho social del trabajo.

A partir de este momento, la evolución de la legislación laboral venezolana ha discurrido en forma paralela con la historia de las luchas sociales de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, produciéndose una relación de mutua influencia que ha legado importantes páginas a la historia contemporánea del país.

Capítulo V

De la Terminación de la Relación de Trabajo

Causas justificadas de despido

Artículo 79. Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del trabajador o trabajadora:

a)       Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo.

b)       Vías de hecho, salvo en legítima defensa.

c)       Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono o a la patrona, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella.

d)       Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral.

e)       Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene  del trabajo.

f)        Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impida, notificar al patrono o a la patrona  la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo.

g)       Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias.

h)       Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento.

i)         Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo.

j)        Abandono del trabajo.

k)       Acoso laboral o acoso sexual.

Se entiende por abandono del trabajo:

a)       La salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante las horas laborales del sitio trabajo, sin permiso del patrono o de la patrona o de quien a éste represente.

b)       La negativa a trabajar en las tareas a que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la Ley. No se considerará abandono del trabajo, la negativa del trabajador o trabajadora a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud.

c)       La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o trabajadora que tuviere a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esa falta signifique una perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación del servicio o la ejecución de la obra.

BOLOQUE II: Francisco Perez, Brisset Medina, Jorge Perez, y Angelith Gil

BOLOQUE II: Francisco Perez, Brisset Medina, Jorge Perez, y Angelith Gil

Importancia del niño como interés superior del estado y sus permisos:

Artículo 8°. Interés Superior del Niño. El Interés Superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

El artículo 8 precisa que el estado, la familia, y la sociedad deben asegurar todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

Señala asimismo, que el interés superior de la infancia y de la adolescencia es un principio general y de obligatorio cumplimiento para asegurar su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos y garantías.

Autorización para viajar dentro del país

Cuando el niño o adolescente viaja solo o acompañado de terceras personas en el país, la autorización de los padres o representantes legales es expedida por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, por una jefatura Civil o documento autenticado (Art. 391). Como los Consejos de Protección no están constituidos, en sustitución actúan los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente.

Autorización para viajar fuera del país:

Cuando el niño o adolescente viaja fuera del país en compañía de uno de los padres requiere la autorización del otro a través de documento autenticado. Si viaja solo o con terceras personas requiere de la autorización de ambos padres o del representante legal expedido en documento autenticado o pro el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente. Como estos órganos del sistema no están constituidos en el país, la autorización la emite un Tribunal de Protección (Art. 392).

Intervención judicial.

En caso de que la persona o personas a quienes corresponda otorgar el consentimiento para viajar se negare a darlo o hubiere desacuerdo para su otorgamiento, aquél de los padres que autorice el viaje, o el hijo, si es adolescente, puede acudir ante el Juez y exponerle la situación, a fin que éste decida lo que le convenga a su interés superior (Art. 393)

Patria potestad.

Es el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos que no han alcanzado la mayoría de edad (18 años). La patria potestad comprende, la guarda, la representación y administración de los bienes de los hijos sometidos a ella.

Guarda.

Comprende la custodia, la asistencia material, la vigilancia y la orientación moral y educativa de los hijos, además, la facultad de imponerles correctivos adecuados a su edad y desarrollo físico y mental.

Obligación alimentaria.

Comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por los niños, niñas y adolescentes.

Función Publica: deberes, derechos y el régimen disciplinario.

Los derechos que corresponden exclusivamente a los funcionarios de carrera son los siguientes:

El art. 17 de la Ley de Carrera Administrativa consagra el derecho de los funcionarios de carrera a la estabilidad en el desempeño de sus cargos. El art. 53 de dicha ley establece los cuatro casos en que pueden los funcionarios de carrera, ser retirados del servicio, tales casos son:

a.- La renuncia escrita del funcionario, debidamente aceptada.

b.- La reducción de personal (acordada en Consejo de Ministros) por limitaciones financieras o cambios en la organización administrativa.

c.- La invalides del funcionario o su jubilación.

d.- estar incurso en causal de destitución.

El Art. 19 de la Ley de Carrera Administrativa confiere a los funcionarios de carrera, el derecho de ascenso. Esto es, el derecho a ocupar los diferentes escalafones establecidos en el sistema de clasificación de cargos.

Otro derecho exclusivo de los funcionarios de carrera es el de percibir como indemnización, al renunciar o ser retirados conforme al Art. 53 de la Ley de Carrera Administrativa, las prestaciones sociales de antigüedad que contempla la Ley Orgánica del Trabajo.

Otros derechos previstos en la ley corresponden no solo a los funcionarios de carrera sino a todos los servidores públicos de la administración publica nacional sujetos a las disposiciones de aquella ley. El derecho a las vacaciones anuales, las bonificaciones de fin de cada año, beneficio de la jubilación, organización sindical y remuneración correspondientes al cargo.

Todos los funcionarios sujetos a la Ley de Carrera Administrativa tendrán derecho conforme al Art. 20 de dicha ley, a disfrutar de una vacación anual de 15 días hábiles con pago de 18 días de sueldo durante el primer quinquenio de servicio.

También corresponde a todos los agentes públicos regidos por la mencionada ley, conforme con su Art. 21, el derecho a una bonificación de fin de año.

La Ley de Carrera Administrativa consagra en su Art. 22 con relación a todos los funcionarios públicos regidos por ella como fueren o no de carrera, el derecho de obtener el beneficio de la jubilación por límites de edad y años de servicio, de conformidad con la ley.

Deberes de los funcionarios públicos

La relación existente entre la administración y los agentes públicos cesa definitivamente por la voluntad del agente; o bien, por decisión del cuerpo legislativo, de la administración o de los órganos jurisdiccionales y, en fin, de ciertos hechos extraños a toda voluntad humana.

La dimisión o renuncia:

Es la manifestación unilateral del funcionario, mediante la cual expresa su voluntad de separarse definitivamente del cargo que ejerce.

El funcionario tiene la facultad de retirar en cualquier momento su renuncia, mientras no se haya producido la aceptación de ella.

La renuncia puede ser tacita. En efecto, a pesar de que la ley exige la renuncia escrita, es indudable que puede ser tacita, en el caso previsto en el articulo 148 de la Constitución, esto es, mediante la aceptación de un segundo destino publico remunerado, que implica la renuncia del primero.

La supresión del cargo público:

Por parte del órgano legislativo o por el poder ejecutivo separa al funcionario de su cargo, esto es licito si es realizado con vista del interés del colectivo y no de desalojar del servicio al titular del cargo.

La destitución:

Es otra causa, es definitiva y unilateral, puede ser discrecional cuando la autoridad que la ejerce puede obrar a su prudente arbitrio, y es reglada cuando es ejercida fundad en las causales de la ley y después de cumplidos los tramites de ley, como ocurre con los funcionarios de carrera Art. 61 de la Ley de Carrera Administrativa, en donde se estipula que se debe revisar y estudiar el expediente elaborado por la respectiva oficina de personal.

Análisis de la ley de carrera administrativa y su reglamento.

Cesación en el Cargo

La Ley de Carrera Administrativa tiene por objeto regular los derechos y los deberes de los funcionarios públicos en relación con la Administración Pública Nacional.

La denominación de la referida Ley no es adecuada, pues está destinada a regir no sólo a los funcionarios de carrera, sino también a funcionarios no pertenecientes a la carrera administrativa.

La citada Ley, en efecto, clasifica los servidores públicos en dos grandes categorías, a saber: funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción. Uno y otros, en principio, están bajo el imperio de la referida Ley.

Son funcionarios de carrera:

los que ingresan a la Administración Pública mediante el sistema de concursos que la referida Ley contempla, y que presten servicios de carácter permanente

Los que habiendo ingresado a la Administración con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley, hayan satisfactoriamente participado en concursos o rendido exámenes, y obtenido en tal virtud, un certificado en los que se les declare funcionarios de carrera

Los que hayan cumplido 10 años de servicios, siempre que llenen los requisitos mínimos exigidos en la indicada Ley, caso en el cual tendrán derecho a que se les expida el correspondiente certificado.

Son funcionarios de libre nombramiento y remoción:

Aquellas cuyas funciones guardan relación con la dirección política del país, o con las tareas de los más altos gobernantes, tales como los miembros del Consejo de Ministros, los Directores y Consultores Jurídicos de los Ministerios y los integrantes de las Juntas Directivas o Administradoras o Directores de los institutos autónomos. A la enumeración legal deben agregarse los demás funcionarios públicos que ocupen cargos de alto nivel o de confianza en la Administración Pública Nacional, los cuales fueron determinados, conforme a la previsión legal, en el Derecho Nº. 2II de fecha 2 de julio de 1974, dictada por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros.

La Ley de Carrera Administrativa no es aplicable a los funcionarios de los estados ni a los municipales. Aquellos podrán ser objeto de leyes dictadas por los Consejos Legislativos de los estados, y los empleados municipales podrán estar regidos por ordenanzas emanadas de los Concejos Municipal.

EVALUACIÓN DEL BLOQUE NUMERO II

NOMBRE: KREISON CHIRINOS

SECCIÓN: AM802

En esta sesión se estarán analizando, las diferentes leyes que corresponden al bloque número II de la unidad curricular bases legales aplicadas en el ámbito deportivo, las cuales son de suma importancia conocer las aspectos que aquí se establecen, ya que serán muy utilizadas en nuestra vida como profesional.           

LEY DEL ESTATUTO.    

Título III. Funcionarios y Funcionarias Públicas

Capítulo II. Derechos de los Funcionarios y Funcionarias Públicas

Art. 22- Derecho a ser informado

Este artículo dice que todo funcionario al incorporarse al cargo tendrá que ser informado por su jefe inmediato acerca de las bases y funciones de la unidad administrativa correspondiente, así como de las atribuciones, responsabilidades y deberes que le incurren.

Art. 23- Derecho a la Remuneración

Se concreta el derecho a la remuneración de acuerdo al cargo que se desempeña, tal y como lo expresa la Ley y sus reglamentos.

Art. 24- Derecho a Vacaciones

Como parte del derecho al descanso, la Ley dispone que los funcionarios tendrán derecho de disfrutar de una vacación anual, le corresponderá un número de días depende del tiempo que este prestando sus servicios. Complementariamente se establece una bonificación anual fija de cuarenta días de sueldo.

Aparte, si el funcionario se retira antes de cumplir el primer año de servicio tendrá derecho de recibir el bono nacional de forma proporcional al tiempo de servicio.

Art.25-  Derecho a la bonificación de Fin de año

Se otorga el derecho de disfrutar cada año de una bonificación de fin de año equivalente a un mínimo de noventa días de sueldo integral sin opción de que pueda cambiarse el monto por negociación en común.

Art.26- Derecho a permisos y licencias

La Ley del Estatuto se remite a lo que disponga el reglamento de la ley. Si se precisa que los permisos y las licencias pueden ser con o sin goce de sueldo, obligatorios o potestativos.

Art.27- Derecho a la seguridad social

Este artículo establece que los funcionarios públicos nacionales, estadales y municipales tienen derecho a una protección integral en los términos y condiciones que establezca la ley y los reglamentos que regulan el sistema de seguridad social.

Art.28- Derecho a la antigüedad

Se regula en conformidad con lo expuesto en la Constitución, en la LOT y en su reglamento.

Art.29- Derecho a la protección de la maternidad

Esta otorgado en los términos consagrados en la Constitución, en la LOT y en su reglamento y en la ley para la Protección de la Familia, la Maternidad y la Paternidad.

Capítulo III. Derechos exclusivos de los funcionarios y funcionarias publicas de carrera

Art.30- Derecho a la estabilidad

La estabilidad de la función pública es propia de los funcionarios de carrera que ocupen cargos de carrera. La estabilidad es pues una cualidad inherente a la condición de funcionario de carrera, no se pierde, salvo en las circunstancias expresamente determinadas en la ley.

Art.31- Derecho al ascenso

Este articulo en lo referente a los ascensos remite en cuanto a su regulación a lo dispuesto en la propia ley y su reglamento. Por medio del ascenso, el funcionario escala posiciones, avanza en la cadena jerárquica, hace carrera.

Art.32- Derechos colectivos

Son derechos a organizarse sindicalmente, derecho a la solución especifica de los conflictos, derecho a la convención colectiva y derecho a la huelga. Todo ello en conformidad con lo pautado en la LOT y su reglamento, en cuanto sea compatible con la índole de los servicios que prestan y con las exigencias de la Administración Publica.

Capítulo IV. Deberes de los Funcionarios y Funcionarias Públicas

Art.33- Especificación

En este artículo se especifican en 11 numerales los deberes y estos son los mismos para todos los funcionarios:

*Prestar sus servicios personalmente con la eficiencia requerida (Esto quiere decir que las obligaciones son personales y deben ser tomadas como tal, no deben ser atribuidas a otros)

*Acatar las órdenes e instrucciones de los superiores jerárquicos (Expresa que, los inferiores deben acatar de manera profesional las instrucciones de sus superiores)

*Cumplir con el horario de trabajo establecido

*Prestar la información necesaria a los particulares en los asuntos y expedientes en que estos tengan algún interés legitimo (Estos son servidores de los ciudadanos, en tal firma que, prestar esta información forma parte de su cargo)

*Guardar en todo momento una conducta decorosa y observar en sus relaciones con sus superiores, subordinados y con el público toda la consideración y cortesía debida.

*Guardar la reserva, discreción y secreto que requieran los asuntos relacionados con las funciones que tengan atribuidas, dejando a salvo lo previsto en el numeral 4 de este articulo(Los funcionarios públicos aparte de sus funciones laborales deben tener reserva discreción y guardar secretos, asuntos de alta restricción)

*Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos y bienes de la administración Publica confiados a su guarda (Conservar absoluto cuidado con los documentos tenidos en su potestad de cuidado)

*Cumplir las actividades de capacitación y perfeccionamiento destinado a mejorar su empeño (No hacer caso omiso con las actividades y disputas en pro de su mejoramiento en el desempeño)

*Poner en conocimiento de sus superiores las iniciativas que estimen útiles para la conservación del patrimonio nacional, el mejoramiento de los servicios y cualesquiera otras que incidan favorablemente en las actividades a cargo del órgano o ente(Dar a conocer a los superiores siempre y cuando sea necesario las iniciativas que se tengan en pro del patrimonio nacional)

*Inhibirse del conocimiento de los asuntos cuya competencia este legalmente atribuida en casos específicos como en el interés de terceras personas como parientes, conyugue, hijos e incluso otros funcionarios. Por consiguiente, sin autorización de un superior el funcionario no podrá dar ningún tipo de información que esta salvaguardada.

*Cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los reglamentos, los instructivos y las órdenes que deben ejecutar.

Título VI

Capítulo II Régimen Disciplinario

Art.82 Clases de Sanciones

Establece que son dos las sanciones previstas: amonestación escrita y destitución.

Art.83 Amonestación escrita.

Expresa 7 excusas para aplicar una amonestación escrita, estos son incumplimiento de deberes correspondientes, perjuicio material en tal caso ya que depende del agravamiento será una destitución, falta de atención al público, irrespeto a superiores, inasistencia injustificada en un lapso determinado en el que no debe faltar, llevar a cabo campañas o publicidad de índole político, recomendación de 3eras personas para beneficios en la función pública.

Art.84.  Procedimiento para imponer la sanción de amonestación escrita

Se explican 3 pasos:

1- El supervisor(a) inmediato debe pasar claramente por escrito el hecho de su amonestación para que seguidamente el funcionario público de 5 días hábiles para que la contraparte realice sus alegatos en su defensa.

2- El supervisor inmediato llevara un escrito con la explicación de la destitución y sus conclusiones. Una vez concretados toáoslos hechos se lleva a cabo la amonestación escrita.

3-Llevado a cabo los 2 anteriores procedimientos se le entregara una copia a Recursos Humanos para su archivarían.

Art.85. Recursos a Interponer y silencio administrativo negativo

Contra la amonestación escrita el funcionario podrá interponer sin necesidad del ejercicio previo del recurso de de consideración ante la máxima autoridad del órgano o ente de la Administración Pública. El vencimiento de un término sin que la máxima autoridad se haya pronunciado se considerara como silencio administrativo negativo.

Art.87 Prescripción de las faltas sancionadas por amonestación escrita

Prescribirán a los seis meses a partir del momento en que el supervisor inmediato haya tenido conocimiento del hecho y no inicio el procedimiento correspondiente.

Art.88 Prescripción de las faltas sancionadas por destitución

Prescribirán a los ocho meses a partir del momento en que el supervisor inmediato haya tenido conocimiento del hecho y no inicio el procedimiento correspondiente.

Disposiciones LOPNA

TÍTULO II

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES Capítulo I

Generales

Artículo 1°. Objeto. Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles desde el momento de su concepción.

Artículo 8°. El Interés Superior del Niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.

El artículo antes mencionado precisa que el estado, la familia, y la sociedad debe asegurar y velar por  todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes pero que así pueden tener un progreso óptimo de su desenvolvimiento en la vida diaria y un desfrute pleno.

Deberes.

Entre los deberes están: hornear, respetar y obedecer a sus padres, representantes o responsable, siempre y cuando sus órdenes no violen los derechos y garantías e los niños; respetar los derechos y garantías de las demás personas; cumplir sus obligaciones en materia de educación; honrar a la Patria y sus símbolos; Cualquier otro deber que sea establecido en la ley.

Artículo 10. Niños, niñas y adolescentes sujetos de derecho. Todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia, gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Artículo 11. Derechos y garantías inherentes a la persona humana Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes consagrados en esta Ley son de carácter enunciativo. Se les reconoce, por lo tanto todos los derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en esta ley o en el ordenamiento jurídico.

Artículo 12. Naturaleza de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.

Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona humana, en consecuencia son:

a) De orden público;

b) Intransigibles;

c) Irrenunciables;

d) Interdependientes entre si;

e) Indivisibles.

Artículo.13. Ejercicio progresivo de los derechos y garantías.

Se reconoce a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio personal de sus derechos y garantías, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma, se le exigirá el cumplimiento de sus deberes.

Parágrafo Primero. El padre, la madre, representantes o responsables tienen el deber y el derecho de orientar a los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías, así como en el cumplimiento de sus deberes, de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a la ciudadanía activa.

Parágrafo Segundo. Los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad mental ejercerán sus derechos hasta el máximo de sus facultades.

Artículo 14. Limitaciones y restricciones de los derechos y garantías

Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley sólo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, de forma compatible con su naturaleza y los principios de una sociedad democrática y para la protección de los derechos de las demás personas

Capítulo II

Derechos, Garantías y Deberes

Artículo.15.  Derecho a la vida

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida. El Estado debe garantizar este derecho mediante políticas públicas dirigidas a asegurar la sobrevivencia y el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes.

Artículo 16. Derecho a un nombre y a una nacionalidad.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad

Artículo 17. Derecho a la identificación.

Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser identificados o identificadas, inmediatamente después de su nacimiento. A tal efecto, el Estado debe garantizar que los recién nacidos y las recién nacidas sean identificados o identificadas obligatoria y oportunamente, estableciendo el vínculo filial con la madre.

Artículo 33. Derecho a ser protegidos y protegidas contra abuso y explotación sexual.

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos y protegidas contra cualquier forma de abuso y explotación sexual. El Estado debe garantizar programas permanentes y gratuitos de asistencia y atención integral a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso o explotación sexual.

Artículo 44. Protección de la maternidad.

El Estado debe proteger la maternidad. A tal efecto, debe garantizar a todas las mujeres servicios y programas de atención, gratuitos y de la más alta calidad, durante el embarazo, el parto y la fase post natal. Adicionalmente, debe asegurar programas de atención dirigidos específicamente a la orientación y protección del vínculo materno-filial de todas las niñas y adolescentes embarazadas o madres.

Artículo 45. Protección del vínculo materno-filial.

Todos los centros y servicios de salud deben garantizar la permanencia del recién nacido o la recién nacida junto a su madre a tiempo completo, excepto cuando sea necesario separarlos o separarlas por razones de salud.

Artículo 97. Protección especial. Los niños y niñas que realicen alguna actividad laboral, serán amparados mediante medidas de protección.

En ningún caso estas medidas pueden implicar perjuicios adicionales de los derivados del trabajo y deben garantizar al niño o niña su sustento diario.

Artículo 98. Registro de adolescentes trabajadores y trabajadoras.

Para trabajar, todos los y las adolescentes deben inscribirse en el Registro de Adolescentes Trabajadores y Trabajadoras, que llevará, a tal efecto, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Artículo 100. Capacidad laboral.

Se reconoce a los y las adolescentes, a partir de los catorce años de edad, el derecho a celebrar válidamente actos, contratos y convenciones colectivas relacionados con su actividad laboral y económica; así como, para ejercer las respectivas acciones para la defensa de sus derechos e intereses, inclusive, el derecho de huelga, ante las autoridades administrativas y judiciales competentes.

Artículo 102. Jornada de trabajo.

La jornada de trabajo de los y las adolescentes no podrá exceder de seis horas diarias y deberá dividirse en dos períodos, ninguno de los cuales será mayor de cuatro horas. Entre esos dos períodos, los y las adolescentes disfrutarán de un descanso de una hora. El trabajo semanal no podrá exceder de treinta horas.

Se prohíbe el trabajo de adolescentes en horas extraordinarias.

PERMISOLOGÍA DEL TRASLADO DEL NIÑO O NIÑA.

Todo niño o menor de edad, debe obtener el permiso de viaje, tanto para viajes en Venezuela como para el exterior, siempre que viaje solo, en compañía de otra persona distinta a los padres, o solamente con uno de sus padres.

Artículo 391: “Los niños y adolescentes pueden viajar dentro del país acompañados por sus padres, representantes o responsables. En caso de viajar solos o con terceras personas requieren autorización de un representante legal, expedida por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente, por una jefatura civil o mediante documento autenticado”.

 Artículo 392: “Los niños y adolescentes pueden viajar fuera del país acompañados por ambos padres o por uno solo de ellos, pero con autorización del otro expedida en documento autenticado, o cuando tienen un sólo representante legal y viaje en compañía de éste”.

Artículo 393: “En caso de viajar solos o con terceras personas, requieren autorización de quienes ejerzan su representación, expedida en documento autenticado o por el Consejo de Protección del Niño y del Adolescente”.

 Requisitos para tramitar permiso de viaje para niños y adolescentes en Venezuela:

·         Cédula de identidad del padre o de la madre que ejerza la patria potestad, o de ambos padres si la ejercen los dos, o del representante legal otorgante de la autorización para viajar.

·         Cédula de identidad del niño, niña, o adolescente que se traslade dentro o fuera del país,  en caso de ser cedulado.

·         Partida de nacimiento del niño o adolescente.

·         Cédula de identidad del acompañante si existe.

·         Partida de defunción del padre o madre en caso de haber fallecido.

·         Documento que compruebe suficientemente la condición del representante legal llamado a dar su consentimiento para el traslado.

·         Pasaporte del menor, en caso de que el viaje sea al exterior.

AUTORIZACIÓN DE VIAJE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Yo, _____________________________________ titular de la Cédula de Identidad
No._____________________, residenciado en la ciudad _____________________, por medio de la presente autorizo a
mi menor hijo ______________________________________ venezolano, portador de la
Cédula de Identidad No. __________________ Que viaje en compañía de
su:_______________________ nombre y apellido:
_____________________________________________ titular de la cedula de identidad
No. _________________ el día ____ del
mes de __________________ del año _______, desde la ciudad de
_______________________ con destino a __________________________ de regreso el día _______ del mes de ________________
del año _______, desde la ciudad de _______________________ con destino final en
______________________

Esta autorización se
extiende a que mi hijo viaje a cualquier destino dentro de Venezuela.
________________________________________
Firma del padre, madre, o representante

Importante: es de carácter obligatorio completar de forma correcta y legible toda la
información solicitada, de lo contrario no se procederá a realizar la autorización
correspondiente. La información aquí suministrada es de carácter confidencial.

 LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL

            Artículo 9. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley y al control, vigilancia y fiscalización de la Contraloría General de la República:

            1. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del poder público nacional.

            2. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del poder público estadal.

            3. Los órganos entidades a los que incumbe el ejercicio del poder público en los distritos y distritos metropolitanos..          4. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

            5. Los órganos y entidades a los que incumbe el ejercicio del poder público en los territorios federales y dependencias federales.

            6. Los institutos autónomos nacionales, estadales, distritales y municipales.

            7. El Banco Central de Venezuela.

            8. Las universidades públicas.

            9. Las demás personas de derecho público nacionales, estadales, distritales y municipales.

            10. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación en su capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.

            11. Las fundaciones y asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos, o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores, o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto.

           

            Artículo 52. Quienes administren, manejen o custodien recursos de cualquier tipo afectados al cumplimiento de finalidades de interés público, provenientes de los entes y organismos señalados en el artículo 9, numerales 1 al 11, de esta ley, en la forma de transferencia, subsidios, aportes, contribuciones, o alguna otra modalidad similar, están obligados a establecer un sistema de control interno y a rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión, de acuerdo con lo que establezca la resolución indicada en el Artículo anterior. Los administradores o administradoras que incurran en irregularidades en el manejo de estos fondos serán sometidos a las acciones resarcitorias y sanciones, previstas en esta ley.

LEY ORGANICA DEL TRABAJO, LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

Objeto de la Ley

Artículo 1º. Esta Ley, tiene por objeto proteger al trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, creadores de la riqueza socialmente producida y sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo para alcanzar los fines del Estado democrático y social de derecho y de justicia, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pensamiento del padre de la patria Simón Bolívar.

Regula las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del proceso de producción de bienes y servicios, protegiendo el interés supremo del trabajo como proceso liberador, indispensable para materializar los derechos de la persona humana, de las familias y del conjunto de la sociedad, mediante la justa distribución de la riqueza, para la satisfacción de las necesidades materiales, intelectuales y espirituales del pueblo.

Derecho al trabajo y deber de trabajar

Artículo 26. Toda persona tiene el derecho al trabajo y el deber de trabajar de acuerdo a sus capacidades y aptitudes, y obtener una ocupación productiva, debidamente remunerada, que le proporcione una existencia digna y decorosa.

Las personas con discapacidad tienen igual derecho y deber, de conformidad con lo establecido en la ley que rige la materia.

El Estado fomentará el trabajo liberador, digno, productivo, seguro y creador.

         Capítulo V

De la Terminación de la Relación de Trabajo

Causas de terminación de la relación de trabajo

Artículo 76. La relación de trabajo puede terminar por despido, retiro, voluntad común de las partes o causa ajena a la voluntad de ambas.

  

Causas justificadas de despido

Artículo 79. Serán causas justificadas de despido, los siguientes hechos del trabajador o trabajadora:

a)       Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo.

b)       Vías de hecho, salvo en legítima defensa.

c)       Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono o a la patrona, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella.

d)       Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral.

e)       Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene  del trabajo.

f)        Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impida, notificar al patrono o a la patrona  la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo.

g)       Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias.

h)       Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento.

i)         Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo.

j)        Abandono del trabajo.

k)       Acoso laboral o acoso sexual.

Se entiende por abandono del trabajo:

a)       La salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante las horas laborales del sitio trabajo, sin permiso del patrono o de la patrona o de quien a éste represente.

b)       La negativa a trabajar en las tareas a que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la Ley. No se considerará abandono del trabajo, la negativa del trabajador o trabajadora a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud.

c)       La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o trabajadora que tuviere a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esa falta signifique una perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación del servicio o la ejecución de la obra.

Causas justificadas de retiro

Artículo 80. Serán causas justificadas de retiro los siguientes hechos del patrono o de la patrona, sus representantes o familiares que vivan con él o ella:

a)       Falta de probidad.

b)       Cualquier acto inmoral en ofensa al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o ella.

c)       Vías de hecho.

d)       Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al trabajador o trabajadora o a miembros de su familia que vivan con él o ella.

e)       La sustitución de patrono o patrona cuando el trabajador o trabajadora considere inconveniente la sustitución para sus intereses.

f)        Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la salud y seguridad del trabajo.

g)       Cualquier acto que constituya falta grave a las obligaciones que le impone la relación de trabajo.

h)       Acoso laboral o acoso sexual.

i)         En los casos que el trabajador o trabajadora haya sido despedido o despedida sin causa justa y, luego de ordenado su reenganche, él o ella decida dar por concluida la relación de trabajo.

j)        Cualquier acto constitutivo de un despido indirecto.

Se considerará despido indirecto:

a)       La exigencia que haga el patrono o la patrona al trabajador o trabajadora para que realice un trabajo de índole manifiestamente distinta de aquel al que está obligado u obligada por el contrato o por la Ley, o que sea incompatible con la dignidad y capacidad profesional del trabajador o trabajadora, o de que preste sus servicios en condiciones que acarreen un cambio de su residencia, salvo que en el contrato se haya convenido lo contrario o la naturaleza del trabajo, implique cambios sucesivos de residencia para el trabajador o trabajadora, o que el cambio sea justificado y no acarree perjuicio a éste o ésta.

b)       La reducción del salario.

c)       El traslado del trabajador o trabajadora a un puesto inferior.

d)       El cambio arbitrario del horario de trabajo.

e)       Otros hechos semejantes que alteren las condiciones existentes de trabajo.

No se considerará despido indirecto:

a)       La reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original, cuando sometido a un período de prueba en un puesto de categoría superior se le restituye a aquél. El período de prueba no podrá exceder de noventa días.

b)       La reposición de un trabajador o trabajadora a su puesto original después de haber desempeñado temporalmente, por tiempo que no exceda de ciento ochenta días, un puesto superior por falta del titular o de la titular de dicho puesto.

c)       El traslado temporal de un trabajador o trabajadora, en caso de emergencia, a un puesto inferior, dentro de su propia ocupación y con su sueldo anterior, por un lapso que no exceda de noventa días.

En todos los casos donde se justifique el retiro, el trabajador o la trabajadora tendrá derecho a recibir, además de sus prestaciones sociales, un monto equivalente a éstas por concepto de indemnización.

Preaviso por retiro

Artículo 81. Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado termine por retiro voluntario del trabajador o trabajadora, sin que haya causa legal que lo justifique, éste deberá dar al patrono o a la patrona un preaviso conforme a las reglas siguientes:

a)       Después de un mes de trabajo ininterrumpido, con una semana de anticipación.

b)       Después de seis meses de trabajo ininterrumpido, con una quincena de anticipación.

c)       Después de un año de trabajo ininterrumpido, con un mes de anticipación.

En caso de preaviso omitido, el patrono o la patrona, deberá pagar al trabajador o trabajadora, los beneficios correspondientes hasta la fecha en que prestó servicio.